No hay un contrato fehaciente donde consten los servicios a prestar, su desarrollo en el tiempo y la contraprestación en dinero. No hay tribunal al que recurrir por los incumplimientos de contrato, no hay responsabilidad civil ni penal ni mercantil. El contrato virtual está abierto a lo que dichas entidades quieran en cada momento, exigiendo el pago indeterminado de dinero, y estableciendo el propio salario de sus directivos que cobran no de la entidad en cuestión, sino directamente del ciudadano, vía impuestos.
Es el contrato electoral. Y hay gente que vota.